Realidad Social

Comunicado de la UCA ante los nombramientos de dos generales al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y la Policía Nacional Civil

1. La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) expresa su profunda preocupación por los nombramientos de dos generales al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de la Policía Nacional Civil; nombramientos que violentan tanto el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz como la Constitución de la República.

2. Estas designaciones reflejan, además, el apego a una política de seguridad basada en la fuerza que ha fracasado reiteradamente en el país. Desde 1950, en la seguridad ciudadana, reconocida como un derecho humano fundamental, han tenido presencia activa miembros del Ejército, salvo en breves ocasiones tras el fin de la guerra. En los sesenta años transcurridos desde que se lleva registro oficial de homicidios en el país, ni los Gobiernos militares, ni la Fuerza Armada, ni la Policía lograron que esos crímenes estuvieran por debajo de la cifra aceptada como epidemia (diez o más homicidios por cada cien mil habitantes).

3. Asimismo, preocupa que estos nombramientos quebranten el proceso de fortalecimiento y profesionalización de una auténtica Policía Nacional Civil, al confiar nuevamente el control de la seguridad pública a militares y normalizar el uso de la Fuerza Armada, manteniéndola permanentemente en tareas en ese ámbito.

4. Alertamos sobre la escalada de violencia y el aumento en el número de víctimas que supondrá convertir en guerra la lucha contra el crimen (tal como muestra con claridad el caso de México) y aplicar estados de excepción, bien conocidos como fuente de violación de derechos humanos.

5. Una lucha efectiva contra el crimen organizado ha de tener dos componentes. Por un lado, prevención: garantizar educación de calidad para la niñez, adolescencia y juventud; atención en salud física y mental desde la infancia; recuperación de valores familiares y cívicos; empleo permanente y bien pagado para adultos y jóvenes; jubilaciones y pensiones que permitan una ancianidad digna. Y por otro, un verdadero muro de contención ante la criminalidad con una PNC en permanente superación; una investigación científica del delito impulsada por la Fiscalía General de la República; una justicia real, pronta y cumplida; y un sistema penitenciario radicalmente distinto al actual: con autoridades civiles, centros de detención seguros, espaciosos y humanamente dignos que permitan la rehabilitación, y un cuerpo de custodios profesional, bien remunerado, con prestaciones sociales y condiciones de alojamiento decentes que hagan menos probable la corrupción.

6. Finalmente, denunciamos una de las raíces más hondas tanto de la violencia como de la migración: un país inmerso en un sistema económico y social centrado en el lucro y el consumo, generador de desigualdades, con graves problemas de corrupción e irresponsabilidad en las élites, con debilidad institucional y escandalosa impunidad. Un sistema estructuralmente violento, que empuja a sus hijos fuera del país o a las sendas torcidas del crimen, y que se resiste a reformas de equidad básica incluso en el sistema tributario. Un sistema que considera dios al dinero y que lleva a una codicia tal que hace crecer desmesuradamente los beneficios de una pequeña minoría y disminuir dramáticamente las posibilidades de bienestar de las mayorías. La primera gran crisis de la globalización es producto de los excesos de lo que Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”. Tomar conciencia de ello, y asumirlo para intentar cambiarlo, es el primer paso básico para erradicar la violencia.

San Salvador, 30 de enero de 2012

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Categoría: Social

Publicado en Lunes, 30 Enero 2012 17:35

Escrito por Mario Juárez Dubón.

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1. La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) expresa su profunda preocupación por los nombramientos de dos generales al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de la Policía Nacional Civil; nombramientos que violentan tanto el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz como la Constitución de la República.

2. Estas designaciones reflejan, además, el apego a una política de seguridad basada en la fuerza que ha fracasado reiteradamente en el país. Desde 1950, en la seguridad ciudadana, reconocida como un derecho humano fundamental, han tenido presencia activa miembros del Ejército, salvo en breves ocasiones tras el fin de la guerra. En los sesenta años transcurridos desde que se lleva registro oficial de homicidios en el país, ni los Gobiernos militares, ni la Fuerza Armada, ni la Policía lograron que esos crímenes estuvieran por debajo de la cifra aceptada como epidemia (diez o más homicidios por cada cien mil habitantes).

3. Asimismo, preocupa que estos nombramientos quebranten el proceso de fortalecimiento y profesionalización de una auténtica Policía Nacional Civil, al confiar nuevamente el control de la seguridad pública a militares y normalizar el uso de la Fuerza Armada, manteniéndola permanentemente en tareas en ese ámbito.

4. Alertamos sobre la escalada de violencia y el aumento en el número de víctimas que supondrá convertir en guerra la lucha contra el crimen (tal como muestra con claridad el caso de México) y aplicar estados de excepción, bien conocidos como fuente de violación de derechos humanos.

5. Una lucha efectiva contra el crimen organizado ha de tener dos componentes. Por un lado, prevención: garantizar educación de calidad para la niñez, adolescencia y juventud; atención en salud física y mental desde la infancia; recuperación de valores familiares y cívicos; empleo permanente y bien pagado para adultos y jóvenes; jubilaciones y pensiones que permitan una ancianidad digna. Y por otro, un verdadero muro de contención ante la criminalidad con una PNC en permanente superación; una investigación científica del delito impulsada por la Fiscalía General de la República; una justicia real, pronta y cumplida; y un sistema penitenciario radicalmente distinto al actual: con autoridades civiles, centros de detención seguros, espaciosos y humanamente dignos que permitan la rehabilitación, y un cuerpo de custodios profesional, bien remunerado, con prestaciones sociales y condiciones de alojamiento decentes que hagan menos probable la corrupción.

6. Finalmente, denunciamos una de las raíces más hondas tanto de la violencia como de la migración: un país inmerso en un sistema económico y social centrado en el lucro y el consumo, generador de desigualdades, con graves problemas de corrupción e irresponsabilidad en las élites, con debilidad institucional y escandalosa impunidad. Un sistema estructuralmente violento, que empuja a sus hijos fuera del país o a las sendas torcidas del crimen, y que se resiste a reformas de equidad básica incluso en el sistema tributario. Un sistema que considera dios al dinero y que lleva a una codicia tal que hace crecer desmesuradamente los beneficios de una pequeña minoría y disminuir dramáticamente las posibilidades de bienestar de las mayorías. La primera gran crisis de la globalización es producto de los excesos de lo que Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”. Tomar conciencia de ello, y asumirlo para intentar cambiarlo, es el primer paso básico para erradicar la violencia.

San Salvador, 30 de enero de 2012

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